No soy experto en economía, pero después de haber leído y escuchado tantas opiniones y noticias relacionadas con el tema, he llegado a algunas conclusiones.
En estos últimos días del mes de marzo, especialistas y expertos afirman que el final de la "crisis" está cercano, pero lo que no vocean es que se tratará sólo del fin de la recesión del sistema financiero, el mismo que ha generado lo que llaman "crisis económica". La más grande en muchos años. La razón es que la economía financiera, especulativa en esencia, se recupera mucho antes que la economía real. Sólo hay que observar las fluctuaciones que tienen "los valores" en una mañana. Para que las bolsas "respiren" basta con que los inversores tengan un día espléndido y una noche con luna. Dependen en parte de estados de ánimo.
La economía real no se regula tan fácilmente. Una empresa que ha quebrado y que ha despedido cientos o miles de trabajadores no se recuperará en pocos días, meses o tan siquiera en un año; es más, es posible que nunca se recupere. Quien pierde el trabajo no puede optar a otro a la velocidad con la que se anima un inversionista en Wall Street. Un desempleado probablemente sufrirá un calvario largo antes de recuperar su empleo. De hecho, algunos con una edad por encima de la considerada "productiva", jamás lo lograrán.
La crisis financiera, generada por grandes corporaciones y bancos, ha repartido sus pérdidas "solidariamente" entre los ciudadanos causando un enorme daño a la economía real, argumentando hipócritamente que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Paradójicamente no es el ciudadano, que a la postre es el consumidor, el sujeto que ha recibido los créditos del estado; ha sido la banca la avalada y financiada por los gobiernos, con dinero público, provocando con ello una rápida pobreza en gran parte de la población a causa de recortes sociales y despidos, favorecidos por medidas injustas como la reforma laboral española.
En este presente kafkiano, en esta situación de indefensión del ciudadano más vulnerable, muchos de los altos cargos de entidades financieras cercanos a los partidos políticos gobernantes, han sido "estimulados" económicamente junto a las grandes entidades bancarias que gestionaban de forma irregular y a todas luces bandolera. De ahí que se hayan permitido sin intervención de la justicia las enormes y desproporcionadas indemnizaciones pactadas con los equipos salientes, que han dado paso a supuestos "expertos" que a su vez continuarán, sin duda, con el expolio en una espiral que pretenden sea absurdamente inacabable. Es, a todas luces, el robo de la centuria, amañado con la complacencia de los gobiernos más poderosos de Europa.
Las entidades financieras y sus intermediarios siguen atesorando cantidades astronómicas de dinero a costa de los recortes impuestos a los ciudadanos, especulando de muy diferentes formas, entre otras accediendo en connivencia con los gobiernos a la gestión privada de los servicios históricamente públicos e imprescindibles, como la sanidad. La cacareada austeridad, por tanto, sólo la sufren quienes no disponen de avales solventes. En este estado de cosas, para incrementar el gasto público en plena crisis, los gobiernos se han endeudado dado que los ingresos fiscales han disminuido drásticamente. Obviamente, los ciudadanos con menor poder adquisitivo y sin ingresos en muchos casos, no gastan por miedo a no poder resolver las necesidades mínimas.
Es muy probable que durante un tiempo largo el sistema financiero siga funcionando satisfecho, acumulando gran parte de los dividendos que corresponden a lo público, dado que tiene en los gobiernos a sus mejores colaboradores y aliados. Mientras tanto, el ciudadano de a pie luchará por conseguir o conservar un trabajo, y seguirá en crisis "ad eternum" si no se rebela contra esta desmedida desproporción y abuso.
La solución a estos problemas pasa en parte por fiscalizar las tareas políticas a través de comisiones de control permanente, valorando la representación pública como cualquier otra actividad profesional e incentivando de algún modo los logros y la gestión de lo público cuando sea favorable al bien común. Pese a esto último, la consecución de estos logros debería suponer para el representante público un éxito que proporcionara beneficios morales, y no necesariamente económicos más allá de lo razonable. Deslegitimar y cambiar estas formas de gobierno actual llevará tiempo. Implantar sistemas de educación no basados en la competitividad y el consumo absurdo quizás paliarían en parte la barbarie y la estupidez de una forma de vida obsoleta, corrupta y dañina.
De todos depende el encontrar la salida, y para ello no basta sólo con quedarse sentados teorizando: es necesario levantarse y derribar muros.
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